Papeles del Psicólogo, 1981. Vol. (1).

Serafín Carballo, Juan Carlos Duro, Enrique Gallego, Laura González, Consuelo Escudero, Begoña Olabarría y María Angeles Torner.

En cada número de nuestra revista vamos a intentar profundizar "a fondo" en un tema de especial interés. Sobre él recopilaremos experiencias, debates y enfoques teóricos. Nuestro "a fondo" de este número lo consagramos al ejercicio de la psicología desde instituciones municipales. La comisión "psicología y municipios" de la Delegación de Madrid lo ha confeccionado a partir de documentos elaborados en las "Jornadas sobre municipios y asistencia psicológica" celebradas en Manresa por nuestra Delegación de Cataluña, y en las "Jornadas sobre psicología y municipios" organizadas por la Delegación del Colegio de Madrid.

Destacamos el trabajo realizado por los siguientes compañeros: Serafín Carballo, Juan Carlos Duro, Enrique Gallego, Laura González, Consuelo Escudero, Begoña Olabarría y María Angeles Torner.

El régimen franquista interrumpió bruscamente el proceso de desarrollo iniciado durante la II República de los servicios sociales, sanitarios y educativos. De este modo nuestro país quedó desenganchado de la reforma contemporánea de estos servicios que se dio en Europa.

También interrumpió bruscamente la dinámica de descentralización administrativa y de la ampliación de competencias de los Ayuntamientos, dinámica profunda fundamentalmente en Cataluña (Ley Municipal de Marzo de 1934, aprobada en el Parlamento Catalán) y durante la contienda en los municipios de la zona republicana.

Ambos procesos han recomenzado tras los cuarenta años de negro interludio en la España democrática, aunque con notable retraso y con cierta resistencia por parte del Gobierno.

El régimen puso en marcha un modelo económico que depauperizaba a amplios sectores de la población española. Tal depauperación fue doble: por una parte material, en la medida en que con la autarquía impuso una economía de pobreza para las clases trabajadoras; por otra parte social, en cuanto que negó a los ciudadanos uno de sus derechos básico: recibir del Estado una atención adecuada a sus necesidades sanitarias, sociales, educativas, culturales, etc.

Los servicios sociales y parte de los sanitarios fueron concebidos bajo el régimen como servicios de beneficencia, y por lo tanto como conjunto de prestaciones graciables, a merced de los funcionarios y de la Administración y no como un derecho que el Estado está obligado a satisfacer.

Estos servicios, así como los educativos, se irían estructurando a medida del régimen, poniéndolos al servicios de sus objetivos, bien propagandísticos, bien económicos.

El modelo económico que la oligarquía española construyó conmovió hasta los mismos cimientos la estructura y la sociedad española; de hecho, en ésta se produjo uno de los cambios más profundos de los últimos siglos en nuestro país.

Amplias zonas del país fueron condenadas al subdesarrollo, lo que obligó a centenares de miles de familias a abandonar sus hogares en busca de fortuna en la emigración o en los grandes núcleos urbanos del interior. Como es bien sabido, éstos carecían de la infraestructura necesaria para recibir tan fuerte flujo migratorio.

El nuevo éxodo tuvo gravísimas consecuencias, dando lugar a situaciones de desintegración, incomunicación, desenraizamiento y pérdida de la identidad cultural y antropológica. En gran medida ahí se encuentran las raíces de la aparición de la nueva "patología urbana", que afecta sobre todo a los sectores populares.

El proceso de urbanización acelerada, y con graves desequilibrios que tuvo lugar a partir de los años cincuenta, motivó la aparición de nuevas y más complejas necesidades en la población, insatisfechas, conformándose progresivamente una estructura social fuertemente deficitaria en servicios básicos.

Las propias necesidades del sistema económico español y del régimen, llevaron a la puesta en marcha del I.N.P.

A partir de 1963, con la Ley de Bases de la Seguridad Social, se impulsó la creación de grandes centros hospitalarios y de la red ambulatoria actual; esta obra, que se realizó sin ningún tipo de planificación, constituye un auténtico alarde de la irracionalidad y de la megalomanía típicas de las autoridades sanitarias de los gobiernos de la dictadura.La estructura de la Sanidad era (y lo sigue siendo) realmente caótica. Las competencias sanitarias se repartían entre unos 20 departamentos de distintos ministerios, además de las que estaban a cargo de las administraciones locales.

La creación en el 1979 del Ministerio de Sanidad y de la Seguridad Social corregiría en parte esta situación. Pero la coordinación y planificación sanitarias, la gestión económica, el control del gasto, la prevención y promoción de la salud, la educación sanitaria, siguen al margen de la sanidad española.

Los verdaderos beneficiarios de la Seguridad Social española han sido las empresas inmobiliarias, la industria farmacéutica, de material médico, las contratas, la medicina privada, etc. Por el contrario, los usuarios, los ciudadanos de a pie, que son los que en realidad la financian, sólo han tenido derecho a una asistencia médica mediocre, masificada, que cura mal y tarde, que le llena los bolsillos de recetas (el gasto de farmacia de la Seguridad Social equivale entre el 50 y el 60 por 100 de su presupuesto general, el 80 por 100 del gasto de los ambulatorios); si el usuario tiene la desgracia de padecer algún trastorno psicológico o alguna enfermedad crónica será automáticamente segregado del circuito oficial de la Sanidad.

La crisis económica que azota el mundo capitalista trae consigo la crisis del llamado Estado Benefactor. Se produce un brusco recorte del gasto público, fundamentalmente en el capítulo de las prestaciones sanitarias y sociales (recorte de las inversiones sanitarias; plantillas, material médico, financiación de programas de atención a sectores marginados, etc.). Por otra parte el abanico de población beneficiaria de la Seguridad Social ha crecido hasta cubrir el 80 por 100 del conjunto de la población. Al no acompañar a este incremento una mejora de las dotaciones y de los presupuestos de la S.S. (el presupuesto para el 82 descenderá en términos comparativos al de los últimos años), el deterioro de la calidad de los servicios sanitarios prestados será aún mayor.

Los gobiernos de U.C.D., lejos de contener y modificar esta situación, han iniciado una serie de medidas regresivas tendentes a la privatización de la Sanidad (Ley de Hospitales de 1978, Ley de Reforma Sanitaria). La Ley de Reforma Sanitaria, aprobada en 1980, frustra las expectativas de cambio en la sanidad; no es más que una declaración de principios, objetivos generales, que no comprometen ni obligan a nada al Gobierno: no fijan un calendario legislativo que permita controlar la acción del Gobierno; por el contrario, será desarrollada vía decreto.

Esta Ley consagra además definitivamente la marginación de la atención a la Salud Mental y de las enfermedades crónicas.

Decía el señor Oliart en el Congreso de los Diputados, cuando era ministro de Sanidad, que la atención a la Salud Mental debe permanecer en manos de las administraciones locales: desde allí, decía, se conocen mejor los problemas de los ciudadanos, por lo que es posible atender mejor la Salud Mental de los mismos; las administraciones locales, continuaba, pueden, además, administrar mejor los fondos públicos. Habría que preguntar al señor ministro si esta aseveración no es igualmente válida para toda la salud, no sólo para la Salud Mental.

Efectivamente, la atención a la salud debería estructurarse mediante un servicio descentralizado, de tal modo que la Administración Local fuera el núcleo donde se realice la planificación y la gestión de la salud para toda la población.

En el mismo sentido podemos hablar de la Educación. El sistema educativo español está fuertemente centralizado; el centro absorbe y ejerce prácticamente todas las funciones decisorias en materia de educación y los organismos periféricos de que dispone (Inspecciones y Delegaciones Provinciales) no son más que meras oficinas gestoras de la política ministerial.

En los últimos años el Ministerio se embarcó en la batalla por la escolarización total de la población escolar, en condiciones tales que era inevitable la masificación escolar y el deterioro de la calidad de la enseñanza.

Simultáneamente se mantenía la desescolarización de la población infantil de los cero a los seis años.

Los serios déficits en materia de instalaciones e infraestructura, la inexistencia de servicios escolares complementarios (medicina escolar, gabinetes psicolopedagógicos), los continuos traslados a los que están sometidos el profesorado, el elevado número de alumnos por aula, la inexistencia de un sistema de reciclaje y de formación del profesorado, la programación y planificación escolar centralizada y un largo etcétera, están dando lugar a un verdadero fracaso de la escuela, manifestado en el elevadísimo fracaso escolar.

En cuanto a los Servicios Sociales, tradicionalmente han formado parte de la Beneficencia; éstos en general perpetuaban la segregación social de los sectores marginados, en lugar de desarrollar una acción integradora que acabase con la subalternidad a la que se les condenaba.

La ley de Integración de Minusválidos, es una muestra significativa de los propósitos del partido del Gobierno hacia los sectores marginados. Esta ley además de ser una vez más marginadora y paternalista, es absolutamente inoperante en la práctica, al carecer de una financiación adecuada y de unos esquemas organizativos que permitan su ejecución.Por otra parte no hay por parte del Gobierno ninguna intención de implementar una Ley de los Servicios Sociales que racionalice, desde un punto de vista moderno, al conjunto de acciones encaminadas a una verdadera integración de los sectores sociales marginados por el sistema.

La Ley de Bases del Régimen Local deja en manos de los Ayuntamiento escasas competencias: parece que los limita a cubrir las lagunas de la Administración Central. Por otro lado la estructuración de la Hacienda deja escasísimos recursos a los Ayuntamientos para que puedan hacer frente a sus obligaciones.

Las competencias municipales en Educación comprenden el mantenimiento de los edificios escolares, el proporcionar terrenos al Ministerio para la construcción de Centros, al Censo Escolar, revisiones médicas, higiene escolar, etc.

En Sanidad las competencias tienen que ver con el control higiénico sanitario, estudios epidemiológicos, tratamiento de enfermedades infecciosas, vacunación, laboratorio municipal y otros aspectos ligados a la prevención.

En cuanto a los Servicios Sociales, la confección del "Padrón Municipal de Beneficencia", creación según los recursos disponibles de guarderías infantiles, residencias de ancianos, centros de enseñanza especial.

Los estatutos de autonomía, confieren a las administraciones autonómicas un número importante de competencias en estas áreas.

La próxima Ley de Administración Local ampliará, probablemente, el número de competencias municipales en estas áreas; otro problema será el traspaso de recursos a las haciendas locales, requisito para que los nuevos ayuntamientos afronten esta nueva situación.

Aún a pesar de esta situación transitoria, algunos ayuntamientos democráticos han iniciado una política de creación de Servicios Municipales (centros de salud, servicios psicopedagógicos, etc.) a lo largo de 1980 comenzaron en pueblos de la periferia de Madrid a crearse estos servicios en Ayuntamientos con clara mayoría de izquierda (gobierno municipal PSOE-PCE) continuando posteriormente a lo largo de 1980 ó 81 en la misma capital del Estado.

Es evidente que estos servicios no pueden plantearse como centros asistenciales exclusivamente, ni hacer la competencia a las demás instituciones de la Administración Central (S. Social, Ministerio Educación, Serem, etc.), sino que han de promover a través de sus actividades una conciencia ciudadana que presione sobre la Administración Central para que ésta se haga cargo de todas las necesidades de la población y propicie la participación de la comunidad en la gestión y asunción de la salud.