Papeles del Psicólogo, 1985. Vol. (22-23).

La Junta de Gobierno

Son ya tres años y medio los que llevamos esperando del Gobierno primero de UCD, después del PSOE, la aprobación de nuestros Estatutos. En su momento nos llenó de alborozo la victoria socialista, dado que la aprobación de a aprobación de la Ley de Creación del Colegio fue Posible gracias a que los grupos parlamentarios socialista y comunista asumieron su defensa. Precisamente que el ponente socialista que entonces defendió nuestra proposición de ley, Francisco Ramos (entonces Decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología), sea hoy como Secretario de Estado para la Administración Pública, uno de los responsables de la no aprobación de los Estatutos, nos causa profunda indignación.

De todas maneras no se trata de personalizar cuando lo que hay es un problema político. EI PSOE trata de debilitar a los Colegios Profesionales ,por una parte porque algunos de ellos se han opuesto frontalmente, y en algunos casos han ganado frente a medidas de reforma importantes para los socialistas. Ley de Sanidad, Ley de incompatibilidades, etc. Por otra porque UGT presiona en la misma dirección, pensando que aumentará la afiliación sindical de los profesionales si se debilitan los Colegios.

Esa situación nos sitúa en el ojo del huracán. Por una parte debemos agradecer nuestra existencia como Colegio al apoyo que entonces nos prestó el Grupo Parlamentario Socialista. Por otra, son precisamente los socialistas quienes nos impiden desarrollar y consolidar nuestra estructura, dejándonos además en una situación ademocrática, por carencia de normas internas y en indefensión jurídica, porque no podemos recurrir a los Tribunales ante el hecho de la no aprobación de los Estatutos.

Bien, pues con esos antecedentes ha habido tres hechos que pueden acelerar la aprobación rápida de los Estatutos, si impera el buen sentido, o creamos una situación jurídica compleja y problemática.

En primer lugar, y tras dirigirnos a todos los Grupos Parlamentarios (salvo a Coalición Popular) adjuntándoles un dossier del problema y pidiéndoles su apoyo, sólo el Grupo Parlamentario Socialista ha recogido nuestra petición y ha elevado una pregunta parlamentaria de respuesta escrita solicitando del Gobierno una solución rápida del problema. Agradecemos desde aquí al Grupo Parlamentario Socialista su apoyo, ya que es un gesto poco habitual el que un Grupo Parlamentario se dirija a su propio Gobierno.

En segundo lugar, y tras nuestra última respuesta de junio, el MEC nos ha contestado recientemente con una propuesta que podríamos considerar de cínica: nos indica que debemos atenernos a la vigente Ley de Colegios Profesionales en lo que se refiere al artículo 6ª de los Estatutos sobre la colegiación obligatoria. Y claro resulta que nuestra redacción respeta literalmente lo señalado en dicha Ley ¿Qué pasa? Que el Gobierno trata de imponernos una voluntad política que por el momento no se ha convertido en norma legal. Nuestra postura es clara. respeto a la legalidad (Ley de Colegios Profesionales y Ley de Creación del Colegio Oficial de Psicólogos). Hay que decir que nuestro Colegio es uno de los pocos que se han creado mediante una ley y además de un parlamento democrático.

Por tanto, ¡Estatutos ya! ¡Respeto a la redacción de los estatutos, aprobados democráticamente por los colegiados y que son coherentes con la legalidad vigente! son las consignas que el C. O.P. lanza a todos.

En tercer lugar, la Generalitat catalana ha aprobado los Estatutos del Colegio de Psicólogos de Cataluña. Ante la no aprobación de los Estatutos del C. O. P. por parte del Gobierno central, y dado que la Generalitat sí ha aprobado una Ley de Colegios Profesionales, nuestros compañeros catalanes se han decidido a utilizar la vía autonómica, que se ha mostrado más rápida y menos restrictiva que la estatal. Menos restrictiva en el sentido de que el partido gobernante en Cataluña (Convergencia i Unió) es un partido de centroderecha, partidario de los Colegio Profesionales, y en lo referente a la colegiación, que será obligatoria sin ningún tipo de restricciones.

Como resultado de todo lo anterior, nos encontramos en una nueva dinámica conflictiva: la autonómica.

La situación que se ha generado es jurídicamente compleja: se ha creado un Colegio de carácter autonómico "ex novo ", donde existe ya un Colegio de carácter estatal, que no ve limitado su ámbito de actuación a nivel de Cataluña, ya que por la jerarquía normativa, una disposición de una Autonomía no puede limitar una ley aprobada por las Cortes Estatales. Por otra parte, al contrarío que la vía de segregación, que implica que todo lo que es una delegación pasa a convertirse en Colegio autónomo, imbricado con el resto a través del Consejo General, la vía que acaba de aprobarse por la Generalitat no resuelve ni la articulación del nuevo Colegio de Psicólogos de Cataluña con nuestro Colegio a través de un Consejo General ni la situación en Cataluña es automática. Cada colegiado tiene que darse de alta, mediante una solicitud voluntaria, y darse de baja o no expresamente en el Colegio Estatal. Estamos convencidos que la situación confusa que se puede producir es perfectamente solucionable si el Gobierno aprueba inmediatamente nuestros Estatutos y hacemos converger en Cataluña el proceso de segregación con el proceso de creación del Colegio de Cataluña por vía autonómica. Si de aquí a Navidades el Gobierno, a pesar de todo, no nos aprueba los Estatutos, será preciso adoptar medidas internas. Por una parte la Junta de Gobierno del C. O. P. deberá llegar a algún tipo de acuerdo con la Junta de Gobierno del Colegio de Cataluña (que además es la Junta Rectora de la Delegación), para articular las relaciones entre ambos Colegios. Por otra parte será preciso convocar elecciones para elegir una nueva Junta de Gobierno de carácter estatal, que refleje la nueva situación (la actual Junta ha superado con creces sus tres años de mandato previsto, debido a la no aprobación de los estatutos, y en su actual composición cuatro miembros proceden de Cataluña).